junto al Gerente del IBAL (e), Secretarios y directores de la administración; así como el Director General de Cortolima, el Personero, Procurador Ambiental, Procurador delegado y representante legal de las comunidades, El H. Magistrado, José Andrés Rojas Villas, lideró la audiencia de seguimiento a la acción popular.
Se ha identificado que se ha cumplido en gran parte lo exigido por la sentencia en el Componente ambiental viendo trabajos en la recuperación de la fuente y su ronda. En lo que se debe hacer énfasis es en el seguimiento y control. Aseguró el magistrado.
El interés ahora es el trabajo de reubicación. Se debe tener claro que en ese proceso de reubicar 239 familias censadas, los ciudadanos involucrados deben aportar un monto definido por Ley para que se pueda asegurar el subsidio de arrendamiento como primer paso hacia la reubicación definitiva.
Las entidades están interesadas en dar cumplimiento a la acción popular y sobre todo en la recuperación de los ecosistemas y fuentes hídricas urbanas.
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